¿Qué significa pertenecer a la Unión Europea? Cuando le hice esta pregunta a mi abuela, ella me respondió que cuando España entró en la organización «cambió todo, incluso los semáforos». Me dijo que «supuso un cambio al que tuvimos que adaptarnos, pero fue un cambio bueno». Ahora pregunto a mis amigos ya adaptados al cambio y me dicen que la Unión Europea simplemente está para darnos dinero y viajes, pero que realmente no influye en el día a día. Pero, ¿de verdad hace Europa algo más que darnos dinero? La respuesta es sí.
La Unión Europea se encuentra a la vanguardia legislativa con innovadoras propuestas de ley. Se adapta a las problemáticas actuales, con el fin de mantener a los ciudadanos europeos protegidos ante las nuevas amenazas. La inteligencia artificial, la recaudación de datos, la libertad de prensa o incluso la restauración de la naturaleza, son algunos de los nuevos temas sobre los que legisla.
Procedimiento legislativo de la Unión Europea
El procedimiento legislativo de la Unión Europea se compone de dos modalidades principales: el procedimiento legislativo ordinario y el procedimiento legislativo especial. En el primero, la Comisión Europea presenta una propuesta legislativa al Parlamento Europeo, donde se realiza una primera lectura y la pueden enmendar o aprobar. Después, la envían al Consejo Europeo, quien podrá aceptar o modificar la propuesta del Parlamento.
Si no se acepta, se realiza una segunda lectura por ambas instituciones, con un plazo de tres meses para cada institución, con posibilidad de ampliar un mes más. El Parlamento Europeo examina la posición del Consejo y puede aprobar y adoptar el acto; rechazarla y dar por concluido el procedimiento; o proponer enmiendas. En este último caso, se devolverá la propuesta al Consejo, quien examinará la propuesta. En el supuesto de no llegar a un acuerdo, se convocará al Comité de Conciliación en las próximas seis semanas, con posibilidad de extenderse a ocho.
Este comité, compuesto por partes iguales de diputados del Parlamento y del Consejo, buscará alcanzar un texto consensuado que puedan aceptar ambas instituciones en un plazo de seis semanas. Para su aprobación se realiza una votación, en la que la delegación del Parlamento deberá aprobar el texto por mayoría absoluta y los representantes del Consejo por mayoría cualificada, aunque en algunos casos también requiere de unanimidad.
➡️ Te puede interesar: Retos y oportunidades para la Unión Europea en la nueva legislatura: el futuro está en juego
Si el comité no acuerda un texto conjunto, no se adopta el acto legislativo y se da por concluido el procedimiento. Por el contrario, si el comité llega a un acuerdo, este se transmite al Parlamento y al Consejo para una tercera lectura, en la que si ambas instituciones la aprueban (por mayoría simple el Parlamento y mayoría cualificada el Consejo), se adopta la ley como directiva, reglamento o decisión.
A diferencia del procedimiento ordinario, en el que el Parlamento y el Consejo actúan como colegisladores, en el procedimiento legislativo especial el Consejo es el único que toma la decisión final. En estos casos, el Parlamento Europeo deberá ser consultado y solo puede aceptar o rechazar la propuesta, pero no modificarla. Este procedimiento se utiliza cuando se propone una nueva legislación para la lucha contra la discriminación. No obstante, el Parlamento Europeo podrá ejercer su derecho a veto cuando se utilice como base jurídica en temas de seguridad y de política exterior.
Asimismo, los parlamentos nacionales reciben todas las propuestas de la Comisión, para que puedan formular dictámenes que les permitan dar su opinión. En los ámbitos de competencia compartida con la Unión Europea, pueden ejercer el principio de subsidiariedad, que establece que solo deben tomarse medidas a nivel de europeo cuando sean más eficaces que la actuación individual de los Estados miembros a nivel nacional, regional o local. Así pues, si los parlamentos nacionales consideran que no se respeta este principio, pueden manifestarlo.
Ley para proteger a los periodistas y la libertad de prensa
El 13 de marzo de 2024, se aprueba la ley para proteger a periodistas y medios de comunicación europeos de interferencias políticas o económicas. Las nuevas declaraciones en parlamentos nacionales de querer establecer leyes que limiten la actuación de los medios de comunicación pone en jaque su independencia, vulnerando sus derechos y fomentando la desinformación. Un ejemplo es la actuación del primer ministro húngaro, Viktor Orbán, calificado como «depredador de la libertad de prensa» por Reporteros Sin Fronteras, quien ha construido un imperio mediático sometido a las órdenes de su partido, exponiendo a la oposición a presiones políticas, económicas y legales.
De este modo, se busca proteger el trabajo de los periodistas y sus editores, prohibiendo su detención, sanción, buscar en sus oficinas o instalar programas de vigilancia intrusivos en sus dispositivos electrónicos. Así, el uso de programas espía queda rescindido a casos específicos bajo previa autorización judicial, con el fin de investigar delitos graves sancionados con pena de cárcel.
➡️ Te puede interesar: ¿Qué es la cartera digital de la Unión Europea?
Asimismo, para evitar el uso político de estos medios, sus directores y miembros del consejo de administración deberán ser seleccionados mediante procedimientos transparentes y no discriminatorios. Se tendrá que publicar en una base de datos nacional la identidad de sus propietarios y si la titularidad del medio de comunicación es total o parcialmente pública. Además, los fondos públicos que se reciban en concepto de publicidad o en forma de subvenciones deberán informarse, para lograr una mayor transparencia y evitar interferencias económicas.
Por último, la Eurocámara incluye un mecanismo de protección contra las grandes plataformas en línea que restrinjan o eliminen arbitrariamente contenidos de medios independientes, como Instagram o la plataforma X. Así pues, los medios de comunicación recibirán una notificación cuando la plataforma tenga la intención de eliminar o restringir su contenido y contarán con veinticuatro horas para responder.
Ley de inteligencia artificial
Los sistemas de Inteligencia Artificial tienen diferentes aplicaciones, facilitando el trabajo a sus usuarios, pero pueden suponer un riesgo. La identificación biométrica, puntuación social y la manipulación cognitiva, atentan contra los derechos de privacidad e individualidad personal. Así pues, la Unión Europea ha elaborado esta ley para asegurar que los sistemas de IA utilizados sean seguros, transparentes, rastreables, no discriminatorios y respetuosos con el medio ambiente.
Esta ley clasifica a las IA según su nivel de riesgo. En primer lugar, se encuentran los sistemas considerados inaceptables y, por tanto, o, prohibidos en el territorio de la organización. Son aquellos que utilizan sistemas que clasifican a las personas en función del comportamiento, estatus socioeconómico o características personales; sistemas de identificación biométrica y sistemas que manipulan el comportamiento de personas o grupos vulnerables específicos.
➡️ Te puede interesar: Proceso de integración en la Unión Europea: trayectoria y desafíos actuales
En segundo lugar, están los considerados «alto riesgo» definidos como aquellos que afecten negativamente a la seguridad o los derechos fundamentales, teniendo que ser evaluados antes de ser comercializados y durante su ciclo de vida. Entre estos últimos destacan los utilizados en infraestructuras o programas educativos, entre otros. Aunque la IA generativa no entra en la clasificación de alto riesgo, tendrá que cumplir con los requisitos de transparencia y la ley de derechos de autor. De este modo, deberá revelar que el contenido fue generado por IA, diseñar el modelo para evitar que genere contenido ilegal y publicar resúmenes de datos con derechos de autor utilizados para la formación generada. Además, cualquier incidente grave tendrá que ser reportado directamente a la Comisión Europea.
La Unión Europea, también deja hueco a la innovación. Con esta ley, ofrece a las nuevas, pequeñas y medianas empresas oportunidades para desarrollar y capacitar modelos de IA antes de su lanzamiento al público. De esta manera, esta organización ha solicitado a sus miembros que proporcionen a las empresas un entorno de pruebas que simule condiciones cercanas al mundo real, para que puedan realizarlo de la manera más eficiente y con el que obtener un buen índice de resultados.
Asimismo, esta ley se enmarca dentro del Reglamento general de protección de datos (RGPD), destinada a proteger a las personas físicas en el tratamiento de datos personales por parte de las autoridades competentes para fines de prevención, investigación, detección o enjuiciamiento de infracciones y la ejecución de sanciones penales. Esta normativa se ha ampliado recientemente para abarcar incluso la actuación de las entidades privadas.
El volumen de datos recopilados e intercambios ha crecido de forma exponencial, poniendo cada vez más datos personales del ciudadano a disposición pública. Además, la integración económica y social, ha dado lugar a un aumento de los flujos transfronterizos de datos, por lo que es necesario una legislación eficiente y firme que defienda la privacidad de los usuarios.
Ley europea de materias primas fundamentales
Los recursos naturales son un elemento fundamental en el sustento de cualquier país. El litio, cobalto y níquel se utilizan para producir baterías; el galio, los paneles solares; el boro se emplea en tecnologías eólicas; y el titanio y el wolframio, en los sectores espacial y de defensa. De este modo, la Unión Europea ha elaborado la Ley Europea de Materias Primas, con la que quiere garantizar un suministro seguro y sostenible de recursos fundamentales para la industria europea y reducir significativamente la dependencia de la organización con respecto a las importaciones suministradas por un solo país.
➡️ Te puede interesar: 7 películas para convertirte en experto en la Unión Europea
La guerra de Ucrania ha puesto en relieve la fragilidad de las cadenas de suministro de gas natural, evidenciando los riesgos de depender de un solo proveedor. Sin embargo, esta situación no es exclusiva del gas: el 97% del magnesio que consume la UE proviene de China, mientras que el 98% de borato se importa de Turquía. Estos ejemplos ponen de manifiesto la necesidad de fortalecer las cadenas de suministro a nivel nacional y reforzar las alianzas con terceros países. El objetivo es lograr una mayor autonomía estratégica mediante la diversificación de proveedores, evitando la dependencia excesiva de un solo país y reduciendo la vulnerabilidad de las cadenas de suministro.
La era digital en la que nos encontramos aumenta la demanda mundial, por lo que con esta ley la Unión Europea crea una lista de materias primas estratégicas de importancia crucial para la transición ecológica y digital y para el ámbito de defensa y seguridad. De este modo, se establecen parámetros de referencia para las capacidades nacionales a lo largo de la cadena estratégica de suministro que deben alcanzarse de aquí a 2030. Así, el 10% de las necesidades europeas se cubrirá con la extracción, un 40% con transformación y un 15% con el reciclado. Por último, se destaca que, como máximo, el 65% del consumo anual de la UE de cada materia prima en cualquier fase del proceso de transformación podrá proceder de un tercer país, evitando caer en la dependencia, al mismo tiempo que se mejora la resiliencia de la organización.
➡️ Si quieres adentrarte en la Unión Europea y las relaciones internacionales y adquirir habilidades profesionales, te recomendamos los siguientes programas formativos:
