Esta semana Amnistía Internacional ha publicado su informe anual sobre la situación de los derechos humanos en el mundo. En este artículo te desgranamos los principales retrocesos según la organización y las claves de qué ha ocurrido en algunos países como China, Afganistán, Ucrania o Francia.
El informe anual de Amnistía Internacional analiza el impacto de las dinámicas a escala global, regional y nacional en 154 países del globo durante el año anterior. En el informe de este año se destaca cómo en el último año ha aumentado la inestabilidad mundial y cómo el sufrimiento humano se ha visto agravado por la “incapacidad” de los organismos internacionales para abordar las desigualdades.
“El año 2021 debería haber sido un año de cura y recuperación. En cambio, se convirtió en el vivero de una desigualdad más profunda y una mayor inestabilidad, un legado corrosivo para los próximos años”, ha declarado la secretaria general de Amnistía Internacional, Agnès Callamard, en una rueda de prensa ofrecida desde Johannesburgo (Sudáfrica). “Los primeros meses de 2022 son el legado directo de lo que se hizo y no se hizo en materia de derechos humanos en 2021. Los resultados de 2021 nos acercaron cada vez más al borde del abismo”, ha advertido.
Así, desde AI destacan cómo determinados gobiernos reprimieron durante el año pasado las voces “independientes y críticas” y algunos llegaron a utilizar “la pandemia como pretexto para reducir aún más el espacio de la sociedad civil”. También recuerda cómo han surgido nuevos conflictos y se perpetuaron otros no resueltos y denunciaron cómo las personas obligadas a huir de sus países “se vieron sometidas a una cadena de abusos tales como las expulsiones sumarias ejecutadas por los países del norte global”.
En relación a las estadísticas globales a raíz del seguimiento realizado por la organización de derechos humanos durante 2021 se desprende que los derechos a la libertad de expresión, asociación y reunión pacífica se vieron reprimidos a “niveles alarmantes” en todo el mundo. En este sentido denuncian que:
- Se registraron denuncias verosímiles de uso excesivo o innecesario de la fuerza por parte de las fuerzas del Estado contra manifestantes o personas que protestaban. Según los datos, en un 55% de los países analizados se hizo un uso excesivo o innecesario de la fuerza contra manifestantes.
- Se aprobaron nuevas leyes que restringían la libertad de expresión, asociación y reunión pacífica. Según los datos, un 43% de los países analizados aprobaron nuevas leyes que restringían a las personas la expresión pacífica de sus derechos.
- Se practicaron detenciones arbitrarias de defensores y defensoras de los derechos humanos. Según los datos, un 54% de los países analizados detuvo arbitrariamente a quienes defendían los derechos humanos.
En este informe de 2021 se ha centrado principalmente en tres asuntos que aquí desgranamos: la salud y las desigualdades, el espacio de la sociedad civil y las personas refugiadas y migrantes.
La salud y las desigualdades
Según la organización de derechos humanos, las vacunas “hicieron abrigar la esperanza de acabar definitivamente con la pandemia”, que al término de 2021 se había cobrado al menos 5,5 millones de vidas, según la OMS, si bien otras estimaciones cifraban un número real de muertes dos o tres veces superior.
Así critican cómo muchos gobiernos se comprometieron a apoyar una cobertura global de vacunación, y tanto el G7 como el G20 formularon compromisos importantes y, sin embargo, y pese a los esfuerzos de algunos gobiernos del Sur global en particular, la cooperación internacional fue en buena parte “un fracaso”.
“Los países de ingresos altos acumularon millones de dosis más de las que necesitaban, hasta el punto de que algunos podían vacunar entre tres y cinco veces a toda su población”, aseguran en el informe para destacar que a final de año, menos del 8% de la población total africana (1.200 millones de personas), tenía la pauta de vacunación completa. Esto supone, según AI, la tasa más baja de todos los continente y “una diferencia abismal” respecto al objetivo del 40% fijado por la OMS para el fin de 2021.
El espacio de la sociedad civil
Otra de las claves del informe es que, según AI, este 2021 en lugar de proporcionar espacio para la discusión y el debate sobre la mejor forma de afrontar los retos del año, “la tendencia de los gobiernos siguió siendo la de reprimir las voces independientes y críticas”. “Durante el año, muchos gobiernos redoblaron sus esfuerzos para imponer medidas represivas a quienes los criticaban, a menudo con el pretexto de contener la difusión de información falsa sobre la COVID-19”, denuncian en el informe.
AI pone de ejemplo cómo en China e Irán las autoridades detuvieron y procesaron a personas que habían criticado o cuestionado sus medidas para atajar la enfermedad. En todo el planeta hubo gobiernos que impidieron o disolvieron protestas pacíficas de forma indebida, a veces con la excusa de la aplicación de las normas que evitaban la propagación del virus.
Además, varios gobiernos, principalmente de las regiones de Asia, África, y Oriente Medio y el Norte de África, bloquearon o restringieron drásticamente el acceso a Internet y las redes sociales.
Personas refugiadas y migrantes expulsadas sumariamente en los países del Norte global
En 2021 hubo desplazamientos masivos causados por crisis tanto emergentes como ya arraigadas. La situación de países como Afganistán, Etiopía y Myanmar dio lugar a nuevas olas de desplazamiento.
Miles de personas continuaron abandonando Venezuela, y sólo el conflicto en curso en República Democrática del Congo llevó a 1,5 millones de personas a huir de su hogar en 2021. En todo el mundo, millones de personas tuvieron que dejar sus países debido a violaciones de derechos humanos relacionadas con conflictos y violencia, con desigualdades, y con el cambio climático y la degradación ambiental; entre los grupos más afectados por el desplazamiento se hallaban las minorías étnicas.
Según ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados, a mediados de año había 26,6 millones de personas refugiadas y 4,4 millones de solicitantes de asilo en todo el mundo. “La comunidad internacional no proporcionó el apoyo adecuado y, lo que es peor, restringió el acceso a las zonas seguras. Las personas en movimiento se vieron además sometidas a una cadena de abusos, y la comisión sistemática de violaciones generalizadas de derechos humanos, tales como expulsiones sumarias, tortura y violencia sexual no fue castigada”, critican.
Qué retrocesos en derechos humanos ha habido en 2021, por países
En este apartado damos las claves de lo que ha ocurrido este 2021 en relación a los derechos humanos en diferentes países que pueden interesar al lect@r tal y como se refleja en el informe de Amnistía Internacional.
Afganistán
Las partes en conflicto en Afganistán continuaron cometiendo con impunidad importantes violaciones del derecho internacional humanitario, incluidos crímenes de guerra, y otros graves abusos y violaciones de derechos humanos. Los homicidios, tanto indiscriminados como selectivos, alcanzaron cifras sin precedentes.
Entre los objetivos de los talibanes y de agentes no estatales figuraban defensores y defensoras de los derechos humanos, mujeres activistas, periodistas, personal sanitario y humanitario y minorías religiosas y étnicas. Durante la toma del país por los talibanes se desencadenó una oleada de homicidios de represalia. Miles de personas, en su mayoría hazaras chiíes, fueron desalojadas a la fuerza de sus hogares.
Si quieres saber más sobre la situación de los derechos humanos en Afganistán sigue leyendo aquí.
Ucrania
La impunidad por la tortura seguía siendo endémica. La violencia de género continuó siendo generalizada, aunque una nueva ley eliminó obstáculos jurídicos para el enjuiciamiento de personal militar y policías por violencia de género en el ámbito familiar. Continuaron los ataques homófobos por parte de grupos que defendían la discriminación y la violencia.
La investigación de ataques contra periodistas y defensores y defensoras de los derechos humanos era lenta y a menudo ineficaz. Un anteproyecto de ley sobre los servicios de seguridad preveía facultades de vigilancia adicionales sin salvaguardias jurídicas. Continuó la represión de la disidencia y de defensores y defensoras de los derechos humanos en la Crimea ocupada. Seguían sin investigarse las violaciones del derecho internacional humanitario cometidas por las dos partes en el conflicto del este de Ucrania.
Si quieres saber más sobre la situación de los derechos humanos en Ucrania sigue leyendo aquí.
China
La situación de los derechos humanos en toda China siguió empeorando. Activistas y abogados y abogadas de derechos humanos denunciaron actos de hostigamiento e intimidación, juicios injustos, detenciones arbitrarias en régimen de incomunicación durante largos periodos, así como tortura y otros malos tratos simplemente por ejercer su derecho a la libertad de expresión y otros derechos humanos.
El gobierno continuó con su campaña de adoctrinamiento político, detención masiva arbitraria, tortura y asimilación cultural forzada contra la población musulmana residente en Xinjiang. Se separó a miles de niños y niñas uigures de sus progenitores. En Hong Kong, la Ley de Seguridad Nacional permitió que se cometieran violaciones de derechos humanos sin precedentes desde la creación de la Región Administrativa Especial.
Si quieres saber más sobre la situación de los derechos humanos en China sigue leyendo aquí.
Francia
Las leyes sobre “seguridad global” y “refuerzo de los valores republicanos” suscitaban preocupación en relación con la vigilancia masiva, así como con el derecho a la libertad de expresión y de asociación. Las autoridades continuaron empleando disposiciones penales imprecisas y excesivamente amplias para arrestar y enjuiciar a personas que se manifestaban pacíficamente, y utilizaron armas peligrosas en el mantenimiento del orden en reuniones públicas.
En junio, la policía usó fuerza excesiva para dispersar a cientos de personas que se habían congregado pacíficamente con motivo de un festival de música. En julio, una coalición de organizaciones interpuso una demanda colectiva alegando que el gobierno no había adoptado medidas para impedir el uso de criterios raciales y la discriminación racial sistémica por parte de la policía.
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Perú
Perú registró el mayor número de muertes por COVID-19 por millón de habitantes. Persistía la preocupación por la impunidad en relación con el uso excesivo de la fuerza por parte de funcionarios y funcionarias encargados de hacer cumplir la ley. Se presentaron acusaciones penales formales en causas relativas a actos de esterilización forzada y se reanudaron las actuaciones en otras vinculadas al ejercicio sistemático de violencia sexual. Las autoridades seguían sin abordar adecuadamente la crisis de salud que sufrían los pueblos indígenas a causa de la contaminación medioambiental por sustancias tóxicas. Aumentaron los casos de violencia de género, al igual que el número de mujeres desaparecidas.
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Etiopía
Todas las partes en el conflicto armado cometieron abusos y violaciones graves de derechos humanos, incluidas ejecuciones extrajudiciales y violencia sexual contra mujeres y niñas, y millones de personas se vieron internamente desplazadas. Se negó la ayuda humanitaria a millones de personas en Tigré. La violencia étnica se cobró al menos 1.500 vidas. La policía llevó a cabo detenciones y reclusiones arbitrarias en el contexto del estado de emergencia.
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Rusia
La pandemia de COVID-19 continuó agravando el ya lamentable estado de los servicios de salud. Se violaron de forma habitual los derechos a la libertad de expresión, asociación y reunión pacífica. Las reuniones públicas organizadas por la oposición política estaban prohibidas casi en su totalidad. Se utilizó ampliamente la legislación sobre “agentes extranjeros” y “organizaciones indeseables”, junto con enjuiciamientos por cargos falsos y otras formas de presión, para reprimir la disidencia.
Se perpetraron con impunidad amenazas y ataques contra periodistas, activistas y defensores y defensoras de los derechos humanos. Se intensificó la persecución a miembros de Testigos de Jehová. La tortura y otros malos tratos seguían siendo endémicos en los lugares de detención y el enjuiciamiento de sus autores, excepcional. Hubo informes de desapariciones forzadas en Chechenia.
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Estados Unidos
El gobierno del presidente Biden manifestó su intención de restaurar el historial de Estados Unidos en materia de derechos humanos, pero los resultados obtenidos en las políticas y prácticas fueron desiguales. Las autoridades colaboraron de nuevo con las instituciones internacionales de derechos humanos de Naciones Unidas y las iniciativas multilaterales para combatir el cambio climático, pero no adoptaron políticas de asilo e inmigración respetuosas con los derechos humanos respecto a la frontera entre Estados Unidos y México ni materializaron su programa de derechos humanos en el ámbito nacional.
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Venezuela
La continuada crisis de derechos humanos se vio agravada por los efectos de la pandemia de COVID-19. Continuó la política de represión aplicada por el gobierno de Nicolás Maduro, y se conocieron nuevos casos de ejecuciones extrajudiciales, uso excesivo de la fuerza, detenciones arbitrarias y tortura y otros malos tratos contra personas a las que se consideraba críticas con el gobierno.
Se sometió a intimidación, hostigamiento, agresiones y detención a defensores y defensoras de los derechos humanos, periodistas y activistas. Empeoró la emergencia humanitaria y persistían las violaciones de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, con un sistema de salud cada vez más debilitado y escasez de agua, combustible, alimentos y electricidad. La impunidad por violaciones de derechos humanos continuó siendo la norma.
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Irán
Miles de personas fueron interrogadas, enjuiciadas injustamente o sometidas a detención arbitraria sólo por ejercer pacíficamente los derechos humanos, y cientos continuaron en prisión injustamente. Las fuerzas de seguridad hicieron uso ilegítimo de medios letales y de perdigones para sofocar protestas. Las mujeres, las personas LGBTI y las minorías étnicas y religiosas sufrían violencia y discriminación arraigada.
Hubo novedades legislativas que menoscabaron aún más los derechos sexuales y reproductivos, el derecho a la libertad de religión o de creencias y el acceso a Internet. Siguieron perpetrándose tortura y otros malos tratos de forma generalizada y sistemática, incluida la negación de atención médica adecuada a personas bajo custodia.
Las autoridades no garantizaron el acceso oportuno y equitativo a la vacuna contra la COVID-19. Se impusieron castigos judiciales como flagelación, amputación y ceguera. La pena de muerte se aplicó ampliamente y se usó como arma de represión.
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Myanmar
La situación de los derechos humanos empeoró radicalmente tras el golpe de Estado de febrero. Las fuerzas de seguridad mataron a más de un millar de personas y detuvieron a muchos miles más que se oponían a la toma del poder por el ejército. Se recibieron informes sobre torturas generalizadas de personas detenidas.
Decenas de miles de personas se vieron forzadas a desplazarse debido al conflicto armado, en el que el ejército llevó a cabo ataques indiscriminados y ataques contra civiles y bienes de carácter civil. El número de personas que continuaban desplazadas a causa de conflictos o de actos de violencia ocurridos en el pasado era igualmente elevado.
La población de las zonas afectadas por el conflicto armado carecía de servicios básicos, y en algunas zonas el ejército impidió el reparto de ayuda humanitaria. El ejército sometió a las mujeres y a las niñas a violencia sexual.
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Colombia
Los crímenes de derecho internacional y las violaciones de derechos humanos en el marco del prolongado conflicto armado aumentaron en los departamentos del Chocó, Cauca, Valle del Cauca, Nariño y Norte de Santander. Ocho jóvenes perdieron la vida en los ataques que las fuerzas armadas lanzaron contra los grupos armados Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo (FARC- EP) y Ejército de Liberación Nacional (ELN) en los departamentos del Chocó, Guaviare y Caquetá. Aumentaron los asesinatos de excombatientes de las FARC-EP. Al menos 100.000 personas fueron desplazadas o confinadas forzosamente como consecuencia del prolongado conflicto.
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